El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Castellón, Luis Martí, ha advertido este viernes de que el cierre recurrente de empresas y comercios por alertas meteorológicas en la provincia está generando un coste económico creciente para el tejido productivo.
Desde este jueves, la activación de la alerta roja por lluvias intensas ha obligado a paralizar la actividad de empresas, comercios y otros servicios en zonas afectadas de la provincia de Castellón. Muchas compañías han tenido que cerrar sus instalaciones de forma preventiva ante el riesgo de inundaciones y problemas de movilidad.
Martí ha subrayado que esta situación se está repitiendo con demasiada frecuencia. Según ha señalado, cada nuevo episodio obliga a suspender jornadas de trabajo, reorganizar turnos y asumir pérdidas directas de facturación.
‘Es un coste que empieza a ser muy alto por la recurrencia en la declaración de estas alertas meteorológicas’, ha afirmado el presidente de la CEV en Castellón. Ha insistido en que las empresas soportan ya un impacto notable cada vez que se activa un aviso de este tipo.
Llamamiento a una negociación sobre el reparto de costes
Ante este escenario, Martí ha planteado que, una vez finalizado el actual episodio de lluvias, resulta necesario analizar de forma específica el impacto económico de estas situaciones. Su propuesta pasa por abrir una mesa de diálogo en la que participen trabajadores, empresarios y Gobierno.
‘A mí me parece que una vez pasada esta alerta esto requeriría una negociación entre los trabajadores, entre los empresarios y el Gobierno para ver estos costes económicos, que cada vez son más importantes, cómo se reparten de una forma equitativa que no perjudiquen la productividad de las empresas’, ha señalado.
El presidente de la CEV en Castellón ha defendido que el objetivo debe ser encontrar fórmulas que permitan mantener la seguridad de las personas. Al mismo tiempo, considera imprescindible evitar que las empresas asuman en solitario el esfuerzo económico derivado de cierres obligados y parones de actividad.
Martí ha recordado que ya ha reclamado anteriormente un marco regulador claro sobre cómo deben actuar empresas y trabajadores ante situaciones de emergencia y alertas meteorológicas. En su opinión, contar con reglas precisas reduciría la incertidumbre, facilitaría la planificación de la actividad y ayudaría a repartir mejor los costes derivados de cada episodio de lluvias intensas.
Según ha apuntado, esta regulación debería contemplar criterios homogéneos para todo el territorio, incluyendo la provincia de Castellón, donde las últimas alertas han tenido un impacto directo en la actividad industrial, comercial y de servicios. También ve necesario clarificar responsabilidades y derechos laborales cuando se decreta el cierre preventivo de centros de trabajo.
Para el empresariado castellonense, la recurrencia de estos episodios de lluvias intensas obliga a repensar la forma de gestionar las alertas. Martí ha insistido en que la prioridad es siempre la seguridad de las personas, pero ha pedido que se tengan en cuenta las consecuencias económicas que soportan las empresas de la provincia cada vez que se paraliza la actividad por una alerta roja.
