Varios municipios de Castellón y de la provincia de Valencia afectados por los grandes incendios forestales de este verano han dado un paso clave para acceder a más ayudas. El pleno del Consell ha acordado este viernes pedir al Gobierno de España que los declare ‘zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil‘, la máxima catalogación prevista para este tipo de desastres.
La solicitud se dirige a los incendios que han castigado a Sierra Engarcerán, Tírig, Catí, Segorbe, Gátova y el núcleo de El Saler, en València. Según ha explicado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior a la reunión, esta declaración permitiría activar un paquete amplio de medidas económicas y de apoyo a los vecinos, empresas y ayuntamientos.
El incendio más temprano se declaró el pasado 7 de agosto en la provincia de Castellón, tras una tormenta seca que encadenó varios focos forestales. Los fuegos de Sierra Engarcerán y Tírig destacaron por su gravedad y obligaron a desplegar numerosos medios de extinción, tanto terrestres como aéreos.
Impacto de los incendios en Castellón y Valencia
La evolución de las llamas forzó decisiones excepcionales. Sierra Engarcerán quedó confinada y Catí tuvo que ser evacuada de manera preventiva. Además, se declaró la situación operativa 2 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales, el nivel que implica pedir recursos adicionales a la Administración General del Estado.
Ante la magnitud del fuego, también se activó un procedimiento extraordinario de coordinación entre los distintos servicios de extinción de la Comunitat Valenciana. Este refuerzo permitió organizar mejor a los equipos desplazados y priorizar las zonas de mayor riesgo para la población y el entorno natural.
El 20 de agosto comenzó otro incendio forestal en Segorbe, originado igualmente por una tormenta eléctrica. Al día siguiente, el fuego cobró una virulencia especial. De nuevo se declaró la situación operativa 2 del plan autonómico contra incendios, lo que implicó la solicitud de intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
En paralelo, la Generalitat puso en marcha mecanismos extraordinarios de coordinación entre los servicios de extinción. Como medida de protección durante los trabajos de lucha contra el fuego, las autoridades ordenaron primero el confinamiento y después la evacuación del municipio valenciano de Gátova.
El tercer gran incendio recogido en el acuerdo estalló el 27 de agosto en la Devesa del Saler, dentro del término municipal de València. El fuego afectó de forma significativa al Parque Natural de l’Albufera, uno de los espacios ambientales más sensibles del entorno metropolitano.
Durante este incendio se evacuó de forma preventiva el núcleo poblacional de El Saler. La emergencia alcanzó otra vez el nivel de situación operativa 2 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales. Para contener las llamas fue necesaria la movilización de recursos extraordinarios, entre ellos nuevas unidades de la UME.
Más apoyo estatal y coordinación institucional
A partir de estos antecedentes, el Consell ha decidido pedir formalmente al Ejecutivo central que aplique lo previsto en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. En concreto, reclama que el Gobierno apruebe la declaración de los municipios dañados como ‘zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil’.
Esta figura jurídica permite habilitar ayudas estatales directas a particulares, empresas y corporaciones locales. También facilita la financiación de reparaciones de infraestructuras dañadas y actuaciones urgentes en los entornos naturales quemados, algo especialmente relevante en comarcas de Castellón y en el entorno de l’Albufera.
Además, el Gobierno valenciano solicita que el Ejecutivo central active, en coordinación con la Generalitat, todas las medidas de apoyo previstas en la normativa vigente. El objetivo es paliar el impacto de los incendios sobre las seis poblaciones afectadas y acelerar la recuperación social, económica y ambiental de estas zonas.
