La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado parcialmente la moratoria que suspendía la tramitación y concesión de licencias de hoteles en el ámbito del plan especial del Cabanyal-Canyamelar, en València. La decisión permite reactivar expedientes que habían quedado bloqueados y abre un escenario de posibles reclamaciones económicas contra el Ayuntamiento.
El origen de la moratoria se sitúa en el acuerdo plenario del Ayuntamiento de València del 28 de enero de 2025. Entonces, el consistorio decidió incluir el Cabanyal-Canyamelar en la suspensión de licencias de alojamiento turístico ante lo que definió como un notable aumento de solicitudes de obra para este uso.
Según los datos municipales de 2024 citados en el acuerdo, las licencias de actividad turística habían crecido un 300 %. Las licencias urbanísticas vinculadas a este uso aumentaron un 227 % y los informes de compatibilidad urbanística, un 256 %. Estos porcentajes sirvieron de base al Ayuntamiento para justificar la urgencia de la moratoria.
Sin embargo, la sentencia del TSJCV, difundida este lunes por el grupo municipal de Compromís, ha introducido un matiz relevante. El tribunal ha señalado que, en 2024, solo se presentó una solicitud de licencia urbanística para un hotel en la zona, con 78 plazas.
A partir de este dato, la Sala concluye que el incremento alegado por el Ayuntamiento no se refiere realmente a hoteles. Según la resolución, ese aumento se vincula, en su caso, a plazas de viviendas de uso turístico, es decir, a otro tipo de alojamiento.
El tribunal considera que esa única solicitud de hotel no basta para avalar el impacto que argumentaba el consistorio. La sentencia afirma que esa petición aislada carece de entidad suficiente para generar una presión turística capaz de deteriorar el entorno urbano del barrio. También descarta que, por sí sola, pueda perjudicar el disfrute adecuado del derecho a la vivienda en el ámbito afectado.
Además, el TSJCV ha declarado nulo de pleno derecho el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de València de 28 de enero de 2025. La Sala entiende que la moratoria vulnera el artículo 5 de la Ley 20/2013, de Garantía de Unidad de Mercado, que fija límites a las restricciones a la actividad económica.
La sentencia no es firme. Contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV. Hasta que se resuelva en última instancia, la resolución introduce incertidumbre sobre la regulación municipal del alojamiento turístico en el Cabanyal-Canyamelar.
Riesgo económico para el Ayuntamiento
Compromís per València ha advertido, en un comunicado, de las consecuencias económicas que puede tener el fallo. La formación ha alertado del ‘riesgo patrimonial’ que supone para el Ayuntamiento, ya que la sentencia reconoce que los promotores afectados podrán exigir la tramitación de los expedientes paralizados o reclamar indemnizaciones.
Según Compromís, esta posibilidad abre la puerta a que decisiones políticas se traduzcan en facturas que acaben asumiendo las arcas públicas. El grupo municipal ha destacado que el impacto económico podría ser relevante si se acumulan reclamaciones de varios proyectos.
La portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, ha subrayado que este caso no es aislado. ‘No es un riesgo menor ni aislado. Es la segunda vez en dos años que los tribunales tumban una moratoria turística aprobada por el gobierno de María José Catalá: en abril ya cayó parcialmente la de mayo de 2024, y ahora la del Cabanyal, ambas por considerarlas desproporcionadas o mal fundamentadas técnicamente’, ha afirmado.
La coalición ha interpretado esta reiteración como un problema de fondo en la forma de regular el turismo. En su comunicado ha asegurado que este patrón ‘no es casualidad, sino consecuencia de una manera de legislar que no resiste el control judicial y que traslada el coste del error a las cuentas municipales’.
Ante este escenario, Compromís per València ha pedido al gobierno local que aporte transparencia sobre el alcance real de la moratoria anulada. La formación ha reclamado que el Ayuntamiento detalle, con carácter inmediato, cuántos expedientes hoteleros han quedado bloqueados en el Cabanyal-Canyamelar.
También exige que el consistorio informe de cuántos promotores han manifestado ya su intención de reclamar y cuál es la estimación del impacto económico potencial. Compromís quiere que los servicios jurídicos municipales cuantifiquen el riesgo patrimonial asociado a este fallo y lo hagan público.
La resolución del TSJCV reabre así el debate sobre cómo compatibilizar la protección del tejido residencial del Cabanyal-Canyamelar con la llegada de nuevos proyectos hoteleros. A la espera de que se confirme o se revise en instancias superiores, la sentencia condiciona la política turística municipal y obliga al Ayuntamiento a revisar su estrategia normativa en este barrio de València.
