LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha denunciado los continuos retrasos en la retirada de animales muertos de las explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana. En algunos casos, según la organización, la recogida supera las 72 e incluso las 96 horas desde la comunicación del siniestro.
La entidad ha trasladado esta situación a la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, a la que reclama una supervisión efectiva del servicio. Asimismo, advierte de que las incidencias y las quejas de los ganaderos se han multiplicado durante las últimas semanas.
Estos retrasos dificultan el cumplimiento de las medidas de bioseguridad exigidas por la normativa. Además, incrementan el riesgo sanitario, favorecen la proliferación de insectos y otros vectores de enfermedades, generan malos olores y complican el funcionamiento diario de las granjas.
El problema adquiere mayor gravedad durante el verano. Las altas temperaturas y los episodios de alerta meteorológica aceleran la descomposición de los animales y aumentan los riesgos sanitarios, precisamente cuando el servicio debería disponer de más medios.
LA UNIÓ sostiene que la responsabilidad no puede recaer únicamente en la empresa encargada de las retiradas. La organización recuerda que la Conselleria establece las condiciones de la prestación, autoriza a la empresa gestora y debe supervisar su correcto funcionamiento.
A su juicio, los retrasos se han convertido en un problema estructural que se repite cada campaña, especialmente en los periodos de más calor, sin que hasta ahora se hayan aplicado medidas eficaces para corregirlo.
Más control y transparencia en las retiradas
La organización agraria ha solicitado a la Conselleria que evalúe con urgencia los incumplimientos y refuerce el servicio durante las olas de calor, los fines de semana y los días festivos.
También propone que la Administración facilite cada mes los datos de los siniestros comunicados y los tiempos efectivos de recogida. Esta información permitiría comprobar de forma objetiva si se cumplen los plazos.
Entre sus peticiones figuran además el establecimiento de tiempos máximos de retirada, indicadores públicos de calidad, mecanismos de control y penalizaciones cuando se produzcan incumplimientos. LA UNIÓ también reclama que los resultados se publiquen periódicamente.
La entidad recuerda que los ganaderos cumplen las obligaciones establecidas en materia de sanidad animal y bioseguridad, mientras asumen un coste cada vez mayor por el servicio. Sin embargo, señala que las ayudas públicas permanecen congeladas y no reflejan el aumento de los gastos reales.
LA UNIÓ considera inaceptable que las explotaciones afronten retrasos que ponen en riesgo la sanidad animal pese al esfuerzo económico que realizan. Por ello, reclama una actuación inmediata de la Conselleria que garantice un servicio eficaz, transparente y adaptado a las necesidades del sector.
