La Fiscalía Provincial de Castellón solicita tres años de prisión para cada uno de los dos acusados de ocultar en la contabilidad de una empresa una deuda judicial de 76.864,79 euros.
El juicio está previsto para el 24 de septiembre. La acusación tiene carácter provisional y deberá ser examinada y probada durante la vista oral.
El procedimiento parte de un contrato suscrito en 2012 para la venta de cupos de caza de una finca situada en Morella. Tras varios incumplimientos, una de las mercantiles presentó una demanda para resolver el acuerdo.
Una sentencia dictada en 2016 condenó inicialmente a la empresa demandada a pagar 95.837,29 euros más intereses. La Audiencia Provincial de Castellón redujo posteriormente la cuantía a 76.864,79 euros, y el recurso de casación fue inadmitido en enero de 2020.
Una deuda supuestamente omitida en la contabilidad
La Fiscalía sostiene que los dos acusados conocían la obligación económica por los cargos que habían ocupado y por sus vínculos con la sociedad condenada.
Según el escrito, la deuda no fue incluida en las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2014, 2015, 2016 y 2017. La acusación considera que la contabilidad no reflejó la situación jurídica y económica real de la empresa.
En noviembre de 2018, los procesados promovieron un concurso voluntario de acreedores. El procedimiento concluyó por insuficiencia de la masa activa y con la extinción de la sociedad.
La Fiscalía afirma que la omisión impidió a la mercantil acreedora comparecer como tal en el concurso y redujo sus posibilidades de cobrar la cantidad reconocida por los tribunales.
El Ministerio Público califica los hechos como un delito societario y reclama para cada acusado tres años de prisión y una multa de doce meses con una cuota diaria de doce euros.
También solicita que ambos indemnicen conjunta y solidariamente a la empresa perjudicada con 76.864,79 euros, más los intereses legales correspondientes.
