La Diputación de Castellón ha triplicado la línea de ayudas destinada a actuaciones de derribo en edificios de titularidad municipal hasta alcanzar los 300.000 euros. El objetivo es dar cobertura a más solicitantes y ampliar las intervenciones en municipios de menos de 20.000 habitantes.
La Junta de Gobierno ha acordado dejar sin efecto la convocatoria actual e impulsar una nueva línea con mayor dotación económica. Dicha dotación pasa de 100.000 a 300.000 euros. Por tanto, la medida permitirá atender más solicitudes relacionadas con inmuebles municipales que se encuentran en situación de ruina. También se atenderán inmuebles que presentan un deterioro grave acreditado mediante informes técnicos.
El vicepresidente y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha señalado que «triplicamos la convocatoria para esta línea de ayudas con la que mejoramos la seguridad, contribuimos a la mejora de los espacios y los servicios para la ciudadanía».
Más fondos para inmuebles con riesgo
Según ha explicado Folgado, la Diputación ha optado por anular la convocatoria vigente para suplementar la partida. Así, destinará más recursos al derribo de edificios que puedan suponer un peligro para los viandantes.
Algunos de los inmuebles incluidos en este tipo de actuaciones están declarados en ruina, o cuentan con informes técnicos municipales que acreditan su estado de gravedad. El vicepresidente provincial ha subrayado que «a los seis beneficiarios de la actual convocatoria tienen asegurada la adjudicación».
La línea de subvenciones ha tenido buena acogida durante los últimos años. En ese periodo, distintos ayuntamientos de la provincia han ejecutado derribos de edificios municipales con cargo a estas ayudas.
Qué gastos cubren las ayudas
Las subvenciones están dirigidas a gastos de inversión vinculados a las obras de derribo y retirada de escombros. También pueden incluir el presupuesto de ejecución por contrata, los honorarios de redacción del proyecto y los honorarios de dirección.
Para adjudicar las ayudas se valorará la antigüedad de la edificación, el grado de deterioro del inmueble, el uso posterior previsto para el suelo y la población total del municipio.
Folgado ha indicado que con estos criterios se busca priorizar los proyectos que generen mayor beneficio para la ciudadanía. Además, se pretende contribuir a mejorar la seguridad y revitalizar los municipios, especialmente los de menor tamaño.
