El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha advertido de que, si el Ministerio de Justicia mantiene su negativa a reforzar los juzgados especializados en cláusulas suelo, quedarán suspendidos cerca de 12.500 expedientes en España durante el segundo semestre del año, más de 5.500 de ellos en la Comunitat Valenciana, que sería el territorio más afectado.
Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, la situación afecta a los juzgados especializados en asuntos sobre condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuando el prestatario es una persona física, es decir, a los casos de cláusulas abusivas en hipotecas y otros préstamos.
En una nota difundida este martes, el CGPJ ha insistido en que Justicia debe reconsiderar su decisión de no autorizar los refuerzos y ha reclamado la convocatoria urgente de la Comisión Mixta para analizar las consecuencias de la negativa a conceder la autorización económica previa a estas medidas.
Más de 5.500 expedientes en la Comunitat Valenciana
Un informe del Servicio de Inspección del CGPJ ha calculado que la falta de refuerzos supondrá la suspensión y no resolución de, al menos, 12.470 asuntos en toda España a lo largo del segundo semestre del año.
De esa cifra total, la Comunitat Valenciana concentraría entre 5.420 y 5.520 procedimientos afectados, según las estimaciones del propio Servicio de Inspección. Esto coloca al territorio valenciano como el más perjudicado por la decisión del Ministerio, con una carga de trabajo que los juzgados especializados difícilmente podrán asumir sin apoyo extra.
Tras la Comunitat Valenciana, la Comunidad de Madrid aparecería como la siguiente autonomía más afectada, con unos 4.650 asuntos que quedarían suspendidos o sin resolver. Cataluña también sufriría un impacto relevante, con alrededor de 2.400 asuntos bloqueados solo en la provincia de Barcelona, según los mismos datos internos.
El CGPJ ha subrayado que estos procedimientos se tramitan en 62 juzgados especializados en cláusulas suelo repartidos por todo el país. La carga de demandas acumuladas en estos órganos ya era elevada y, sin refuerzos, el volumen pendiente de resolución aumentará de forma notable en los próximos meses.
Riesgo de vulnerar el derecho a una justicia sin retrasos
El Consejo ha mostrado su preocupación por las consecuencias que esta situación puede tener para los ciudadanos y consumidores que han reclamado por cláusulas abusivas. En su nota, el órgano ha señalado que este escenario obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que se consideran ‘necesarias e imprescindibles’ para garantizar derechos fundamentales.
En concreto, el CGPJ ha alertado sobre el riesgo de afectar al derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Ambos están reconocidos en la Constitución y obligan a que los tribunales ofrezcan una respuesta en un plazo razonable a quienes acuden a la justicia.
El CGPJ ha recordado, además, que estos juzgados especializados nacieron precisamente para canalizar el gran volumen de demandas por cláusulas suelo y otras condiciones abusivas en hipotecas, agilizando los procedimientos. Sin la financiación necesaria para mantener los refuerzos, el sistema diseñado para reducir la saturación puede terminar generando nuevas demoras.
La Comisión Permanente del Consejo ya aprobó por unanimidad el pasado 1 de julio pedir a Justicia que reconsiderara su decisión. En su reunión de este martes ha acordado ‘reiterar esa solicitud de reconsideración‘, reforzando así la presión institucional sobre el Ministerio.
Denuncia de los consumidores
Junto al aviso del CGPJ, la asociación de consumidores Asufin ha denunciado este martes en un comunicado que ya se han empezado a producir las primeras paralizaciones de procesos abiertos en los 62 juzgados especializados en cláusulas suelo.
Asufin ha vinculado directamente estas primeras suspensiones con la decisión de poner fin a la dotación económica extra que permitía reforzar dichos órganos judiciales. Según la asociación, esta retirada de fondos se está traduciendo en más retrasos para los afectados, que verán alargarse sus procedimientos mientras no se aprueben nuevas medidas.
En este contexto, miles de consumidores en la Comunitat Valenciana y en el resto de España se enfrentan al riesgo de que sus reclamaciones por cláusulas abusivas se queden en un limbo procesal durante meses, a la espera de que el Ministerio de Justicia y el CGPJ alcancen un acuerdo sobre los refuerzos necesarios.
