Casi 1,2 millones de personas migrantes han solicitado acogerse a la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno, 167.000 de ellas en la Comunitat Valenciana, y más de 608.000 peticiones ya se han admitido a trámite, lo que ha supuesto la concesión de una primera autorización temporal para residir y trabajar en España.
Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un total de 1.174.978 inmigrantes han registrado su solicitud dentro del plazo habilitado. Más de la mitad ya ha superado la fase inicial de revisión administrativa, lo que abre la puerta a una mayor estabilidad para estas personas y a su incorporación plena al mercado laboral.
El departamento que dirige Elma Saiz ha detallado que el 67 % de quienes han pedido regularizar su situación son originarios de América Central y América del Sur. Este perfil confirma el peso creciente de la migración latinoamericana en España, especialmente en los grandes núcleos urbanos y en las comunidades con más actividad económica.
Reparto por países y comunidades autónomas
Colombia se ha situado como el principal país de origen de los solicitantes, al concentrar el 26 % de todas las peticiones. Le siguen Marruecos, con un 13,4 %, Venezuela, con un 11,7 %, y Perú, con un 8,8 %. Estos cuatro países suman una parte muy relevante del total y marcan la pauta del actual mapa migratorio.
Por territorios, la comunidad con más solicitudes ha sido Cataluña, con más de 257.000 expedientes presentados. A continuación figura la Comunidad de Madrid, con unas 202.000 peticiones. La Comunitat Valenciana se sitúa en tercer lugar, con 167.000 solicitudes registradas, por delante de Andalucía, que ha alcanzado las 161.000.
Este volumen sitúa a la Comunitat Valenciana como uno de los territorios clave en el proceso de regularización. En la práctica, implica que decenas de miles de personas que ya estaban residiendo y trabajando de forma precaria han dado el paso de formalizar su situación, lo que también tiene impacto en sectores económicos con alta presencia de mano de obra migrante.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha valorado el alcance de la medida en un mensaje de vídeo remitido a los medios. Según ha destacado, la regularización extraordinaria va a permitir que ‘cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza’.
Saiz ha defendido el procedimiento y lo ha calificado de éxito. ‘Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito en nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos’, ha subrayado la ministra, aludiendo tanto al esfuerzo administrativo como a la participación de entidades sociales.
Plazos, origen de la medida y requisitos
El plazo para presentar solicitudes se ha extendido desde el pasado 16 de abril hasta el martes 30 de junio. Durante ese periodo se han registrado demandas de los impulsores de la regularización y de distintas entidades sociales para que se prolongara el tiempo disponible. Partidos políticos como Sumar o Podemos también han pedido una ampliación al considerar que el periodo inicial resultaba insuficiente por las trabas burocráticas detectadas.
La medida ha llegado al Boletín Oficial del Estado en forma de real decreto aprobado por el Gobierno. Sin embargo, su origen se encuentra en una iniciativa legislativa popular que alcanzó el Congreso respaldada por más de 600.000 firmas. Pese a ese apoyo social, la tramitación parlamentaria quedó bloqueada por la falta de acuerdo entre los grupos, lo que llevó al Ejecutivo a optar por la vía del decreto.
Han podido solicitar la regularización todas las personas migrantes que ya estuvieran viviendo en España en situación irregular desde antes del pasado 1 de enero. Además, debían acreditar al menos cinco meses de residencia en el país. También se ha incluido a quienes hubieran pedido asilo antes de esa fecha, siempre que cumplieran el requisito adicional de no tener antecedentes penales.
Estos criterios han buscado acotar el alcance de la medida a quienes ya formaban parte del tejido social y económico del país. La concesión de una primera autorización temporal para residir y trabajar se interpreta como un paso previo a una integración más plena, tanto en el ámbito laboral como en el acceso a derechos y servicios públicos.
