El Ayuntamiento de Onda y la Comunidad de Regantes de la Cota 220 han pedido la colaboración de la Generalitat Valenciana para explorar todas las vías que permitan frenar o reducir el impacto de la macroplanta solar proyectada sobre suelo rural del municipio, una iniciativa que, según el consistorio, impulsa el Gobierno de España.
La alcaldesa, Carmina Ballester, se ha reunido con el director general de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra Devesa, junto a representantes de los regantes, para trasladar la preocupación de agricultores, propietarios y vecinos afectados por el proyecto. Durante el encuentro, las partes han defendido la necesidad de compatibilizar el desarrollo de las energías renovables con la protección del suelo agrícola, el paisaje y la actividad económica vinculada al campo.
Ballester ha subrayado que el Ayuntamiento mantiene su rechazo a las instalaciones de gran dimensión que puedan comprometer zonas de alto valor productivo. “Desde el primer momento hemos estado al lado de los agricultores y de los vecinos afectados, escuchando sus inquietudes y actuando dentro de nuestras competencias”, ha señalado.
La alcaldesa ha insistido en que Onda no se opone a las energías renovables, sino a su implantación sin planificación suficiente. “Creemos en las energías renovables, pero también en la planificación, el equilibrio y el sentido común”, ha afirmado. En este sentido, ha añadido que el consistorio seguirá “trabajando con todas las administraciones” y utilizando “todos los instrumentos” a su alcance para defender los intereses del municipio, de los agricultores y del entorno.
Alegaciones contra la macroplanta solar
La reunión con Urbanismo forma parte de la estrategia que el Ayuntamiento desarrolla desde hace meses frente a los proyectos fotovoltaicos planteados en suelo rural de Onda. Aunque la autorización de estas instalaciones depende de la Generalitat Valenciana o del Gobierno de España, según las características de cada proyecto, el consistorio sostiene que ha agotado las actuaciones que permite su ámbito competencial.
Desde el inicio de la tramitación, el Ayuntamiento ha mantenido contacto con vecinos, propietarios y agricultores afectados para facilitar información sobre los procedimientos administrativos y ofrecer asesoramiento. También ha celebrado reuniones con representantes de urbanizaciones y colectivos implicados para coordinar una respuesta conjunta.
En paralelo, el consistorio y la Comunidad de Regantes de la Cota 220 han presentado alegaciones y recursos frente a los proyectos que afectan al término municipal. Además, el Ayuntamiento ha respaldado las iniciativas impulsadas por vecinos y sector agrario en defensa del territorio.
Comisión de seguimiento con los regantes
La colaboración con el sector agrícola se ha intensificado durante las últimas semanas tras la convocatoria del Consell Agrari Municipal, en el que están representadas las comunidades de regantes, agricultores de la Cooperativa, FEPAC-ASAJA, Policía Local y Guardia Civil.
En esta reunión se acordó presentar alegaciones a todos los proyectos que puedan afectar al suelo rural del municipio. También se planteó estudiar una modificación de la normativa urbanística municipal para reforzar los mecanismos de protección del territorio dentro de las competencias locales.
Posteriormente, el Ayuntamiento presentó nuevas alegaciones al proyecto de macroplanta solar atribuido al Gobierno de España y constituyó una comisión de seguimiento junto a la Comunidad de Regantes de la Cota 220. El objetivo es coordinar las actuaciones y mantener una interlocución permanente durante toda la tramitación administrativa.
Ballester ha asegurado que el Ayuntamiento, la Generalitat, los regantes y los agricultores van a “pelear juntos hasta el final” y que Onda “no bajará los brazos ante esta imposición del Gobierno”.
