La Audiencia Provincial de Castellón juzga desde este miércoles a quince acusados por una presunta red dedicada a la venta de cocaína, marihuana y hachís en Oropesa del Mar, con ramificaciones en Castellón de la Plana y Vila-real.
La vista está prevista durante tres sesiones, los días 1, 2 y 3 de julio. La Fiscalía atribuye a los principales acusados una actividad continuada de distribución de droga entre consumidores finales desde los meses de julio y agosto, y reclama para los supuestos cabecillas penas que alcanzan los 8 años de prisión.
Según la acusación, los dos principales procesados habrían realizado ventas en persona en distintos domicilios de Oropesa del Mar y también mediante un sistema conocido como «telecoca», consistente en recibir llamadas de los clientes, acordar un punto de entrega y completar la transacción con pagos en efectivo, Bizum o incluso mediante la entrega de bienes.
El Ministerio Fiscal sostiene que ambos se proveían de cocaína a través de terceras personas no identificadas y de marihuana y hachís a través de otro acusado, que también habría vendido estas sustancias a otros distribuidores y consumidores finales.
Una estructura con repartidores y familiares
La Fiscalía considera que el presunto grupo contaba con varias personas que trabajaban bajo las órdenes de los principales acusados. Algunas se habrían encargado de atender llamadas, captar clientes, recoger cantidades de droga, preparar dosis o realizar entregas en mano.
La acusación también atribuye a varios familiares labores de ocultación de droga, dinero y efectos relacionados con la actividad ilícita. En el caso de uno de los acusados, la Fiscalía sostiene además que habría facilitado información sobre operativos de vigilancia y vehículos camuflados utilizados por los agentes investigadores.
Durante la investigación se intervinieron cocaína, hachís, cannabis, básculas de precisión, dinero en efectivo, útiles para preparar dosis, vehículos y teléfonos móviles. La valoración total de las sustancias intervenidas en su venta al por menor se fija en 36.898,2 euros.
Penas solicitadas
La Fiscalía solicita para los dos principales acusados 6 años de prisión por delito contra la salud pública y otros 2 años por constitución de grupo criminal, además de multas de 90.000 euros.
Para otros acusados reclama penas de 5 años de prisión por tráfico de drogas y, en algunos casos, otros 2 años por integración en grupo criminal. También pide penas menores para quienes considera cómplices y para un acusado al que atribuye delitos de tenencia ilícita de armas prohibidas y blanqueo imprudente de capitales.
