La Generalitat ha vuelto a reclamar al Gobierno de España la paralización inmediata de la reforma del Reglamento General de Costas y del Reglamento de Compatibilidad de las Estrategias Marinas. La petición llega respaldada por la práctica totalidad de las comunidades autónomas con litoral, que han acordado exigir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que suspenda ambos procesos normativos.
El acuerdo se ha alcanzado tras una reunión de trabajo celebrada en Barcelona, en la que han participado la Comunitat Valenciana, Galicia, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Illes Balears y Canarias. Todas ellas han pedido que la reforma se aborde desde el consenso institucional y mediante un proceso de diálogo real con los territorios afectados.
Las comunidades autónomas también reclaman la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial de Costas, presidida por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además, plantean una reunión técnica previa entre los directores generales competentes para analizar las principales discrepancias y avanzar hacia un marco regulatorio consensuado.
Un frente común ante la reforma estatal de Costas
El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha señalado que «la práctica totalidad de las comunidades autónomas compartimos la preocupación por la ausencia de consenso institucional en torno a una reforma que afecta directamente a competencias autonómicas, actividades económicas y a la gestión del litoral».
En esta línea, García Manzana ha subrayado que «no existe en estos momentos la necesaria paz jurídica para acometer modificaciones de esta trascendencia sin un proceso previo de diálogo, cooperación y concertación entre administraciones».
Desde la Generalitat defienden que cualquier cambio en la normativa estatal de costas debe respetar el marco competencial y contar con la participación efectiva de las comunidades afectadas. García Manzana ha indicado que «cualquier modificación de la normativa estatal de costas debe sustentarse sobre los principios de lealtad institucional, cogobernanza, participación efectiva de los territorios afectados y respeto al marco constitucional y estatutario de distribución de competencias».
El responsable autonómico también ha incidido en que «las transformaciones regulatorias del litoral deben realizarse desde el consenso y no desde la imposición unilateral, garantizando la protección ambiental, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible de las actividades vinculadas al mar».
Recurso si el reglamento se aprueba antes del 31 de julio
Ante la previsión de que el Ministerio apruebe el nuevo Reglamento General de Costas antes del próximo 31 de julio, las comunidades autónomas han acordado interponer un recurso contencioso-administrativo contra la norma si finalmente sale adelante. Además, solicitarán como medida cautelar la suspensión de su entrada en vigor.
El acuerdo reúne a gobiernos autonómicos de distinto signo político y, según defienden las administraciones participantes, evidencia un amplio consenso territorial en defensa de un marco normativo estable. Las comunidades sostienen que la regulación debe adaptarse a la realidad de los territorios litorales y construirse desde la cooperación institucional.
Durante el encuentro, las autonomías también han coincidido en la necesidad de revisar el actual modelo de gestión del litoral. Entre los objetivos planteados figura simplificar los procedimientos administrativos, especialmente en materia de autorizaciones temporales vinculadas a actividades y servicios de temporada.
Más recursos para proteger el litoral
Las comunidades han planteado asimismo reforzar los mecanismos de cooperación entre administraciones y abrir un debate sobre la financiación de la gestión del dominio público marítimo-terrestre. El objetivo, según han trasladado, es dotar a las autonomías de mayores recursos para la conservación y protección de la costa.
Entre las propuestas figura que el canon de ocupación revierta en las comunidades autónomas. Con esta medida, los gobiernos litorales defienden que podrían fortalecer las actuaciones de gestión, preservación y protección del litoral en sus respectivos territorios.
