Las políticas de vivienda y empleo concentran el 79% del presupuesto de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad para 2026. El departamento dirigido por Susana Camarero contará con 679,47 millones de euros, unas cuentas que, según ha defendido la vicepresidenta, buscan atender el acceso a la vivienda, el mercado laboral, la igualdad y las oportunidades para los jóvenes.
Camarero ha señalado que se trata de unas cuentas “responsables, realistas y orientadas a resultados” y ha situado la vivienda y el empleo como dos prioridades para consolidar el crecimiento de la Comunitat Valenciana.
La principal partida corresponde a vivienda, que alcanza los 349,8 millones de euros, un 15% más que el año anterior. La vicepresidenta ha destacado que esta inversión permite ampliar el parque público, impulsar vivienda asequible, reforzar las ayudas al alquiler y acelerar la recuperación de las zonas afectadas por la dana.
Vivienda protegida, alquiler y rehabilitación
El presupuesto incluye 40 millones de euros para incrementar la oferta de vivienda protegida y refuerza las ayudas dirigidas tanto al alquiler como a la compra. También se contemplan 18,5 millones para complementar las ayudas al alquiler y 8,4 millones para el Bono Alquiler Joven.
Camarero ha puesto en valor que desde 2023 se han invertido 142 millones de euros en estos programas, con una cifra de 24.747 beneficiarios. Según ha indicado, en los dos últimos años todos los solicitantes que cumplían los requisitos han resultado beneficiarios de las ayudas al alquiler.
La Conselleria reserva además partidas para rehabilitación y regeneración urbana, entre ellas 30,1 millones de euros para el Plan Conviure, 11,1 millones para Recuperem Llars, 7,5 millones para Renhata y 5,88 millones para ARRURs.
204 millones para empleo
Las políticas de empleo contarán con cerca de 204 millones de euros en 2026. Camarero ha defendido que el empleo “constituye una política social de primer orden” porque permite generar oportunidades, mejorar la calidad de vida y facilitar la inclusión de las personas con más dificultades de acceso al mercado laboral.
Labora dispone de 155 millones de euros procedentes de fondos propios y de un presupuesto total de 452,4 millones. Dentro de este ámbito se mantienen las convocatorias de Labora Joven, dotadas con 17,5 millones, y se refuerza la formación profesional para el empleo.
Los proyectos integrales de inserción alcanzan los 5 millones de euros, las Escuelas Taller llegan a 15 millones y la formación ajustada a las necesidades reales del tejido productivo aumenta hasta los 2,5 millones, con un incremento del 330%.
Apoyo a colectivos vulnerables y automoción
La línea de empleo público y desarrollo local cuenta con 38,14 millones de euros para fomentar la colaboración con entidades locales en la contratación de personas desempleadas y el mantenimiento de agentes de empleo, especialmente en municipios despoblados.
Los Centros Especiales de Empleo y las empresas de inserción disponen de 58,4 millones de euros, con el objetivo de garantizar el empleo de 12.600 personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.
Las cuentas también contemplan 17,6 millones de euros para el Mecanismo RED Automoción, destinado a apoyar a 6.080 trabajadores de empresas del clúster de Almussafes. Además, Labora reserva 13,7 millones para la modernización de infraestructuras y reformas integrales de nuevos Espai Labora.
Economía social y seguridad laboral
La Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral centra su presupuesto en las ayudas al cooperativismo y la economía social, con 15,5 millones de euros; el apoyo al trabajo autónomo en municipios de menos de 5.000 habitantes, con 2 millones; y la mejora de las condiciones de trabajo, relaciones laborales e inspección.
El presupuesto del INVASSAT y las políticas de seguridad laboral asciende a 34,8 millones de euros. Camarero ha destacado también el impulso de la Estrategia Valenciana de Seguridad y Salud en el Trabajo y la creación de un órgano consultivo de la Inspección de Trabajo con agentes sociales, sindicatos, patronal y Generalitat.
