La Generalitat ha impulsado nuevas medidas para reducir la brecha salarial y reforzar la inclusión sociolaboral en la administración autonómica. Las actuaciones han recibido el respaldo unánime de los sindicatos en la Mesa Sectorial de Función Pública.
Una de las principales novedades es la creación de la figura de técnico de inclusión social, orientada a facilitar la incorporación laboral de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que accedan a la función pública. La secretaria autonómica de Administración Pública, Eva Palomares, ha explicado que esta figura está “destinada a acompañar y facilitar la integración laboral de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que accedan a la función pública. En concreto se crearán 15 puestos que dependerán de la Dirección General de Función Pública”.
La administración autonómica mantiene una reserva de plazas en sus ofertas de empleo público para personas con discapacidad o diversidad funcional. En concreto, reserva un cupo no inferior al 10 % de las vacantes. De ese porcentaje, al menos un 5 % corresponde a personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental.
Ese reparto incluye un 3 % específico para personas con discapacidad intelectual y un 2 % para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Según la Generalitat, la experiencia acumulada ha permitido detectar la necesidad de ofrecer un acompañamiento especializado durante los primeros meses de incorporación y en los procesos de adaptación funcional.
Medidas contra la brecha salarial
La Generalitat también ha planteado medidas para reducir desigualdades retributivas en la administración autonómica. Entre ellas, figura el incremento del complemento de destino de los puestos correspondientes a categorías de entrada de distintos cuerpos y escalas del subgrupo A2.
La propuesta prevé que estos puestos pasen de nivel 16 a 18 y de 17 a 18, según los casos. Con esta medida, la administración busca mejorar la clasificación profesional y avanzar en una mayor equiparación salarial dentro de determinados cuerpos.
Además, el Consell financiará la implantación efectiva del cuerpo técnico de gestión en Educación Infantil, previsto en la Ley de Función Pública Valenciana. La iniciativa contempla la promoción interna específica de 134 profesionales actualmente adscritos al cuerpo de especialistas de Educación Infantil.
El proceso incluye también la amortización y creación de nuevos puestos adaptados a la nueva clasificación profesional. En conjunto, estas tres medidas tendrán un coste total de 3.761.995,04 euros.
Las actuaciones forman parte del Programa temporal de lucha contra la brecha salarial y racionalización y mejora de la clasificación de puestos, previsto para los años 2025, 2026 y 2027.
Compatibilidad para personal sanitario
La Mesa Sectorial también ha abordado una propuesta para que el personal sanitario de la Administración de la Generalitat perteneciente a los cuerpos de Medicina del Trabajo, Medicina y Enfermería pueda desarrollar una segunda actividad asistencial en mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana.
Esta actividad requerirá autorización expresa de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública. Además, deberá realizarse sin coincidencia horaria con el puesto principal y en régimen laboral, a tiempo parcial y de duración determinada.
La Generalitat sostiene que esta compatibilidad no tendrá impacto presupuestario para la administración autonómica. También precisa que las autorizaciones se concederán siempre que quede garantizado el correcto cumplimiento de las obligaciones en ambos puestos de trabajo.
