Los sindicatos docentes UGT, CCOO, STEPV y CSO han denunciado públicamente que la Conselleria de Educación está impulsando un sistema que permite el despido de profesorado experto y especialista de Formación Profesional, pese a que los ciclos en los que trabajan seguirán impartiéndose durante el curso 2026/2027.
Las organizaciones sindicales sostienen que la Administración educativa está utilizando mecanismos de reorganización y planificación para reducir progresivamente la presencia de profesionales procedentes del sector productivo dentro de la FP valenciana. Según explican, los módulos que hasta ahora impartía este personal pasarían a ser asumidos por profesorado de secundaria que, “en muchas ocasiones”, carece de experiencia profesional directa en esos ámbitos.
Los sindicatos recuerdan que el colectivo protagonizó una huelga indefinida entre noviembre y diciembre de 2025 tras la aprobación del decreto 97/2025, que supuso, según denuncian, un recorte del 41 % salarial. Tras las negociaciones con Educación, ambas partes alcanzaron un acuerdo que garantizaba contratos indefinidos vinculados a la continuidad de los módulos en los centros educativos.
Sin embargo, apenas cinco meses después de aquel acuerdo, las organizaciones aseguran que ya se están produciendo los primeros despidos de personal experto.
Un sistema “planificado” para reducir especialistas
UGT, CCOO, STEPV y CSO consideran que las instrucciones dictadas para organizar el próximo curso incorporan un procedimiento que facilita la eliminación de plazas de profesorado experto.
Según denuncian, el sistema se basa en informes de inspección educativa que revisan las necesidades docentes de los centros y permiten reducir puestos o carga horaria de estos especialistas. A juicio de los sindicatos, esta fórmula abre la puerta a despidos y a una mayor precarización laboral.
Las organizaciones critican además que se esté sustituyendo a perfiles especializados por docentes generalistas con el objetivo de abaratar costes. Según defienden, esta decisión perjudica directamente la calidad de la Formación Profesional y aleja las enseñanzas del entorno laboral real.
Críticas al papel de la inspección educativa
Los sindicatos también cuestionan el papel de la inspección educativa en este proceso y consideran que se está utilizando como herramienta para justificar decisiones políticas de recorte.
En este sentido, reclaman que sean los propios centros educativos quienes determinen sus necesidades de personal especializado y no órganos externos. Asimismo, exigen una reunión urgente con la Dirección General de Personal Docente para revisar el modelo de planificación previsto para el próximo curso.
Desde las organizaciones sindicales advierten de que estas medidas “rompen el modelo de FP vinculado al mundo laboral” al expulsar de las aulas a profesionales con experiencia directa en los sectores productivos.
