El Ayuntamiento de Castellón ha habilitado la sede de la concejalía de Convivencia Social e Interculturalidad, situada en la Ronda Mijares, 14, como punto único de atención para tramitar la documentación vinculada al nuevo proceso de regularización de personas inmigrantes. La medida se ha adoptado en coordinación con las áreas de Bienestar Social, Familia e Infancia y Participación Ciudadana.
A partir del próximo lunes, esta oficina concentrará la expedición del certificado de empadronamiento y la tramitación del informe de vulnerabilidad, que sustituye al anterior informe de arraigo. El horario de atención será de 9.00 a 14.00 horas y, por el momento, no será necesario pedir cita previa.
El concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, ha explicado que el consistorio ha adoptado esta medida para evitar que este nuevo procedimiento provoque colapsos en la atención ordinaria de las tenencias de alcaldía y de los equipos sociales de base. Según ha señalado, centralizar el servicio en un único espacio permitirá ordenar mejor la atención y reducir el impacto sobre el resto de recursos municipales.
Cuatro tótems para agilizar los certificados
El nuevo dispositivo contará con cuatro tótems para facilitar la expedición automática de certificados de empadronamiento. Las personas que solo necesiten este trámite podrán obtenerlo en la propia sede con apoyo de personal municipal, lo que permitirá agilizar la atención y reducir esperas.
Además, el Ayuntamiento ha reorganizado los recursos de la concejalía para asumir también la emisión de los informes de vulnerabilidad, contando para ello con el apoyo de asesores jurídicos.
Desde el gobierno municipal sostienen que esta reorganización ya se había previsto desde semanas atrás para poder responder al aumento de solicitudes sin bloquear los servicios sociales de base.
Previsión de 15 días para el informe de vulnerabilidad
Vicent Sales ha señalado que el objetivo del Ayuntamiento es facilitar la tramitación a las personas afectadas y, al mismo tiempo, garantizar que los servicios sociales municipales puedan seguir funcionando con normalidad.
En este sentido, el edil ha indicado que la previsión municipal es que, una vez solicitado, el informe de vulnerabilidad pueda estar disponible en un plazo aproximado de 15 días.
Críticas al arranque del procedimiento
El concejal también ha criticado la forma en que, según expone el gobierno local, se ha puesto en marcha este nuevo proceso desde el Ejecutivo central. A juicio del responsable municipal, la apertura del plazo se ha producido sin margen suficiente para que los ayuntamientos pudieran preparar con claridad los trámites y formularios necesarios.
Según defiende Sales, esta falta de planificación ha generado colas, incertidumbre entre los solicitantes y una presión añadida sobre las administraciones locales, que han tenido que reorganizar recursos con rapidez para atender la demanda.
