El Consell Valencià de Treball Social ha expresado este miércoles su rechazo a la nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión al considerar que el texto definitivo aprobado en Les Corts “desvirtúa” el modelo inicial y reduce la protección de las personas más vulnerables. El organismo, que representa a los colegios profesionales de Castelló, València y Alicante, sostiene que la norma incorpora restricciones que, lejos de ampliar derechos, levantan nuevas barreras de acceso.
La entidad defiende que ha mantenido una participación activa durante todo el proceso de elaboración de la ley, con asistencia a reuniones de trabajo convocadas por la administración autonómica y encuentros con los grupos parlamentarios para trasladar sus aportaciones técnicas. Sin embargo, considera que el resultado final no recoge las advertencias planteadas por las y los profesionales del ámbito social.
La presidenta del Consell Valencià de Treball Social y del colegio de Castelló, María José Pérez, ha afirmado que “no podemos mantener el respaldo a una ley que ha sido desvirtuada en su trámite parlamentario”. En su opinión, “lo que nació como un proyecto para ampliar derechos se ha convertido en una norma que impone límites temporales injustificados”.
Según explica la entidad, uno de los cambios más relevantes es que la renta dejará de mantenerse mientras persista la situación de necesidad y pasará a tener una duración de seis años, con posibilidad de renovación por tres años más. A juicio del colectivo, obligar a las personas a acreditar de forma periódica una situación de vulnerabilidad extrema incrementa la carga burocrática y afecta a su dignidad.
La presidenta del organismo ha señalado además que este planteamiento supone un retroceso en la protección social porque introduce una lógica de control sobre una prestación dirigida a garantizar la cobertura mínima de necesidades básicas.
La eliminación de la excepcionalidad centra parte de las críticas
Otro de los aspectos que más preocupa al Consell es la supresión de la cláusula de excepcionalidad, un mecanismo que hasta ahora permitía atender situaciones de especial vulnerabilidad aunque no se cumplieran de forma estricta todos los requisitos administrativos, siempre bajo valoración profesional desde la atención primaria básica.
Desde la entidad advierten de que esta modificación elimina margen de intervención ante casos sobrevenidos de exclusión social. Según defiende María José Pérez, al desaparecer esa excepcionalidad “se anula la mirada social sobre la realidad y se deja desamparadas a personas en situaciones sobrevenidas que no pueden esperar a acreditar requisitos de residencia o antigüedad”.
El organismo considera que este cambio debilita la capacidad del sistema para responder con rapidez a circunstancias urgentes y complejas, precisamente en los perfiles que presentan una mayor fragilidad económica y social.
Nuevas causas de exclusión y crítica al enfoque de la norma
El Consell Valencià de Treball Social también rechaza la incorporación de nuevas causas de exclusión del acceso a la renta. Entre ellas, destaca la imposibilidad de solicitar esta ayuda para personas que hayan sido sancionadas administrativamente, mediante resolución judicial firme y en los doce meses anteriores, por determinados delitos, así como para quienes se encuentren en situación de ocupación ilegal de vivienda.
A juicio del colectivo, vincular una renta mínima de supervivencia a antecedentes administrativos o judiciales contradice el objetivo de inclusión social que debería inspirar esta prestación. Desde la entidad sostienen que excluir a personas en contextos de precariedad extrema no resuelve los problemas de fondo, sino que puede perpetuar situaciones de pobreza y marginalidad.
El organismo también lamenta la incorporación del concepto de “violencia intrafamiliar” en lugar de mantener la referencia específica a la violencia de género y machista. Según defienden desde el sector, este cambio resta reconocimiento a una realidad estructural con la que trabajan de forma diaria muchas profesionales del Trabajo Social.
Para el Consell, el texto final responde a un acuerdo político que prioriza el control frente a la protección. En este sentido, sostiene que la nueva regulación puede reducir la cobertura para quienes se encuentran en los escenarios de exclusión más severa.
Desde el organismo insisten en que el Trabajo Social se asienta sobre principios éticos orientados a construir una sociedad más justa y a defender los derechos fundamentales. Por ello, advierten de que no pueden respaldar una ley que, según su criterio, “bajo el nombre de inclusión, acaba excluyendo a quienes más necesitan el amparo de la administración”.
