El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha advertido del “grave deterioro” de la relación entre la institución y Les Corts Valencianes y ha alertado de una “deriva institucional peligrosa” que, según sostiene, amenaza la autonomía de los organismos estatutarios. Lo ha hecho durante la presentación del Informe anual de 2025, el último que entrega dentro del periodo ordinario de su mandato, que finalizará en diciembre de 2026.
Luna ha reprochado a la cámara autonómica su falta de interés por escuchar al Síndic, equivalente al Defensor del Pueblo en la Comunitat Valenciana, y ha asegurado que se intenta debilitar a las instituciones estatutarias sin contar con la mayoría suficiente para ello. Según ha afirmado, se pretende “tapar la boca a las instituciones para que no llegue la queja del ciudadano adonde tiene que llegar”.
El síndic ha explicado que, desde su llegada al cargo en 2019, ofreció diálogo y cooperación a Les Corts para reforzar la defensa de los derechos de la ciudadanía, pero esa iniciativa no obtuvo respuesta. A su juicio, esa distancia institucional se ha intensificado de forma notable en el último año.
De hecho, ha lamentado que en 2025 no pudiera exponer ante la cámara autonómica el contenido de su informe porque no fue convocado. Según ha advertido, esa ausencia de comparecencia no solo incumple lo previsto en la ley del Síndic, sino que también supone un “desaire” a los ciudadanos cuyas quejas y preocupaciones deberían llegar al parlamento valenciano.
El informe cuestiona los cambios en Les Corts
Entre los aspectos más críticos del balance presentado por Luna figura la modificación del reglamento de Les Corts aprobada en 2025. El síndic considera que esta reforma supone una “regresión democrática” y reduce la visibilidad institucional del defensor autonómico y del resto de organismos estatutarios.
Según sostiene, la ley del Síndic distingue entre la presentación formal del informe anual y su exposición pública ante el pleno, una comparecencia que considera esencial para que la cámara conozca directamente los problemas que le traslada la ciudadanía. Sustituir ese formato o rebajar su alcance implicaría, a su juicio, una pérdida de peso institucional.
Luna también ha alertado de que la nueva regulación abre la puerta a intervenir las partidas presupuestarias de las instituciones estatutarias durante la tramitación de los presupuestos de la Generalitat. Aunque la redacción, según explica, es ambigua, entiende que introduce una posibilidad de presión política incompatible con la autonomía e independencia garantizadas por el Estatut.
En esta misma línea, el informe menciona el episodio que afectó en 2025 a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, cuyo presupuesto fue modificado durante la tramitación parlamentaria hasta comprometer, según el Síndic, su funcionamiento y su autonomía orgánica y presupuestaria. Para Luna, este antecedente refuerza la preocupación sobre el futuro de las instituciones estatutarias.
Más actividad del Síndic y un atasco persistente en Servicios Sociales
El balance de 2025 refleja también un aumento de la actividad de la institución. El Síndic ha realizado más de 28.100 actuaciones entre consultas y quejas. La oficina de atención ciudadana ha atendido 23.137 consultas, casi un 25% más que el año anterior, mientras que las quejas ciudadanas han alcanzado las 5.006, un 5% más que en 2024. Además, se han abierto 12 investigaciones de oficio.
El área con mayor volumen de reclamaciones vuelve a ser la de Servicios Sociales, con unas 1.900 quejas, principalmente por el reconocimiento de la dependencia y por las demoras en la valoración de la discapacidad. Luna ha insistido en que persiste un bloqueo estructural derivado del funcionamiento del sistema y ha lamentado que no se hayan adoptado medidas relevantes para simplificar procedimientos.
También figuran entre las materias con más peso las relacionadas con la transparencia y el acceso a la información pública. Aunque el número baja ligeramente respecto al año anterior, el Síndic considera que la situación sigue siendo grave y vincula la falta de transparencia a una pérdida de calidad democrática.
En paralelo, el informe recalca que la vulneración del derecho a una buena administración sigue siendo el motivo central de muchas reclamaciones. La falta de respuesta a solicitudes y escritos por parte de la ciudadanía continúa, según defiende la institución, como una práctica demasiado extendida.
La DANA y la vivienda marcan parte del balance de 2025
El informe anual también presta atención a las consecuencias de la DANA de 2024. Tres quejas de oficio abiertas para supervisar la actuación posterior de las administraciones en Servicios Sociales, Educación y Vivienda acabaron integradas en un único expediente que ha dado lugar a un informe especial con recomendaciones para mejorar la preparación y la respuesta ante futuras catástrofes.
Luna denuncia además la falta de colaboración entre el Gobierno central y la Generalitat a lo largo de 2025 en la atención a la ciudadanía afectada y en la reconstrucción. Según sostiene, esa ausencia de interlocución ha perjudicado a cientos de miles de damnificados. Tras la mediación impulsada junto al Defensor del Pueblo, la Comisión Mixta de reconstrucción y recuperación terminó constituyéndose el 4 de febrero de 2026.
En vivienda, el Síndic alerta de que el problema social sigue agravándose y critica especialmente que la ley de presupuestos de la Generalitat de 2025 eliminara el procedimiento de ayudas previsto cuando no existían viviendas disponibles para adjudicar. A juicio de la institución, se trata de un retroceso que limita el acceso a este derecho para determinados colectivos.
