La Diputación de Castellón ha denunciado el bloqueo de más de 90 millones de euros y ha reclamado al Gobierno de España la suspensión de las reglas fiscales para poder destinar ese dinero a inversiones y servicios en la provincia. La vicepresidenta provincial y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés, sostiene que esos recursos proceden de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y que “pertenecen a los vecinos de Castellón”.
Pallarés ha lamentado que la institución no pueda disponer de ese remanente pese a contar con deuda cero, una situación que, según ha defendido, penaliza a las administraciones saneadas. En su intervención, ha asegurado que esos fondos podrían emplearse para mejorar servicios, reforzar la atención a las personas y seguir impulsando infraestructuras en los 135 municipios de la provincia.
La responsable económica de la institución provincial ha explicado que la liquidación del presupuesto de 2025, tanto de la Diputación como de los organismos autónomos que consolidan las cuentas, deja más de 90 millones de euros bloqueados por unas reglas fiscales que considera “injustas” y “completamente desfasadas”.
Reglas fiscales y capacidad de inversión
Según ha expuesto Pallarés, estas normas, suspendidas durante la pandemia y reactivadas en 2025, impiden a ayuntamientos y diputaciones utilizar los ahorros generados por su gestión. A su juicio, esta situación limita de forma directa la capacidad de actuación de las entidades locales y dificulta que puedan responder con más amplitud a las necesidades de los ciudadanos.
La vicepresidenta provincial ha insistido en que se trata de unas reglas que datan de 2012 y que no se han actualizado pese a los cambios económicos y sociales registrados en los últimos años. En este sentido, ha remarcado que estas limitaciones no tienen en cuenta la realidad de administraciones como la Diputación de Castellón, que mantiene una posición financiera saneada.
Pallarés ha defendido que “la buena gestión no se premia, se castiga” y ha considerado un “sinsentido” que una administración con remanentes y sin deuda vea restringida su capacidad para invertir en los municipios. Según ha señalado, el Gobierno central impide así utilizar unos recursos que, desde la institución provincial, consideran esenciales para generar nuevas oportunidades en el territorio.
Incertidumbre por la falta de Presupuestos Generales del Estado
Durante su comparecencia, la vicepresidenta también ha advertido de que a las reglas fiscales se suma la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, una circunstancia que, según ha indicado, mantiene a las entidades locales en una situación de incertidumbre política y económica.
En ese contexto, Pallarés ha defendido que, en un escenario marcado por la inflación y la inestabilidad geopolítica, resulta todavía más necesario respaldar a las administraciones más cercanas a la ciudadanía. Por ello, ha reiterado la petición de dejar inactivas las reglas fiscales o, al menos, adaptarlas a la realidad actual para evitar que sigan condicionando a las instituciones con las cuentas saneadas.
La diputada provincial ha subrayado que, pese a esas limitaciones, la Diputación de Castellón mantiene su actividad y continúa desarrollando actuaciones en los municipios. No obstante, ha recalcado que disponer de esos más de 90 millones de euros permitiría ampliar servicios y reforzar inversiones en toda la provincia.
