El Pleno del Congreso de los Diputados debate este martes 17 de marzo la toma en consideración de una proposición de ley del PP para ampliar los supuestos en los que se puede aplicar la prisión permanente revisable. La iniciativa plantea extender esta pena a los casos en los que el autor de un asesinato haga desaparecer el cadáver de la víctima o no facilite información sobre su paradero, una situación que vuelve a situar en el foco casos como el de Marta Calvo.
La propuesta registrada por los populares también persigue que esta figura se aplique en supuestos de reincidencia. En concreto, quiere incluir a los autores de asesinato que ya hubieran sido condenados anteriormente por este mismo delito, con el objetivo de endurecer la respuesta penal ante crímenes especialmente graves.
El debate llega al hemiciclo en forma de toma en consideración, el paso previo para que la iniciativa pueda iniciar su tramitación parlamentaria. El orden del día del Congreso incluye este punto en la sesión plenaria de este martes, dentro del bloque de proposiciones de ley que examina la Cámara al arranque de la semana parlamentaria.
Qué cambia la propuesta del PP
La proposición de ley busca modificar el artículo 140 del Código Penal, que es el que recoge en la actualidad los supuestos en los que puede imponerse la prisión permanente revisable en los delitos de asesinato. El objetivo del PP es incorporar dos nuevos escenarios: por un lado, los casos en los que se oculta o hace desaparecer el cuerpo de la víctima; por otro, aquellos en los que exista reincidencia por asesinato.
La prisión permanente revisable fue introducida en España en 2015 y, desde entonces, su aplicación ha quedado reservada a una serie de supuestos tasados de especial gravedad. Entre ellos figuran el asesinato de menores de 16 años o personas especialmente vulnerables, los crímenes cometidos tras un delito contra la libertad sexual, los asesinatos múltiples, los cometidos por miembros de organizaciones criminales, así como determinados delitos contra la Corona, jefes de Estado extranjeros o crímenes de genocidio y lesa humanidad.
La pena implica un periodo mínimo de cumplimiento efectivo de prisión antes de poder ser revisada judicialmente, en función del tipo delictivo y del número de delitos cometidos. Solo a partir de ese momento puede valorarse si concurren las condiciones legales para una eventual progresión, por lo que no se trata de una libertad automática al alcanzar un determinado plazo.
El caso de Marta Calvo y el nuevo debate político
Uno de los nombres que vuelve a aparecer en el debate político y social es el de Marta Calvo, la joven valenciana asesinada en 2019 cuyo cadáver nunca ha sido encontrado. La iniciativa popular quiere precisamente incorporar al Código Penal ese tipo de supuestos en los que la desaparición del cuerpo añade una especial carga de sufrimiento a las familias y dificulta el cierre del proceso.
El debate parlamentario coincide además con un contexto de fuerte impacto social por otros casos recientes de desapariciones y asesinatos, lo que ha reactivado la discusión sobre si el Código Penal debe endurecer todavía más la respuesta ante este tipo de crímenes. La propuesta del PP se enmarca en esa línea y recupera una reforma que ya se intentó en legislaturas anteriores sin llegar a culminar en un cambio legal.
La prisión permanente revisable ha sido, desde su creación, uno de los asuntos más controvertidos en materia penal. Nació en plena etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, con el rechazo de buena parte de la oposición, y más tarde fue avalada por el Tribunal Constitucional, lo que consolidó su encaje en el ordenamiento jurídico español.
Qué puede pasar ahora en el Congreso
La votación de este martes no supone todavía la aprobación definitiva de la reforma, sino únicamente decidir si la Cámara acepta tramitarla. En caso de que salga adelante, la proposición continuará su recorrido parlamentario con el debate de enmiendas y el correspondiente trabajo en comisión antes de volver al Pleno.
El resultado del debate volverá a medir la posición de los grupos sobre una cuestión especialmente sensible, en la que confluyen el debate jurídico, la presión social y el impacto de crímenes que han marcado a la opinión pública en los últimos años. La propuesta del PP reabre así una discusión de fondo sobre hasta dónde debe llegar el endurecimiento penal en España ante los asesinatos más graves.
