La Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha coordinado un proyecto de investigación que propone mejoras regulatorias para reforzar la seguridad jurídica en la gestión de la información pública, así como para conciliar el derecho a la protección de datos personales con el deber de transparencia y la lucha contra la corrupción en las administraciones públicas.
El trabajo ha sido desarrollado por trece especialistas en derechos fundamentales de ocho universidades españolas, que durante tres años han analizado y comparado diferentes normativas estatales y autonómicas con el objetivo de detectar vacíos legales y formular recomendaciones que permitan mejorar el funcionamiento de las administraciones y el servicio que prestan a la ciudadanía.
El estudio se ha centrado especialmente en la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en el ámbito público. Según explican desde el equipo investigador, este análisis ha permitido identificar los principales retos que afrontan las administraciones al aplicar estos derechos fundamentales y diseñar acciones formativas dirigidas al personal público para mejorar la gestión de la información y garantizar la protección de datos.
Los investigadores destacan que el proyecto también ha permitido desarrollar herramientas normativas destinadas a hacer compatibles dos principios esenciales: el acceso a la información pública y la protección de los datos personales.
A juicio del equipo investigador, “al garantizar que la protección de datos no sea utilizada como un pretexto para restringir la transparencia, se ha reforzado el acceso a la información de interés general, lo que permite a la sociedad participar de manera más activa en los asuntos públicos”.
Además, subrayan que una de las aportaciones más relevantes en este ámbito es “la identificación de mecanismos para fortalecer la protección de las personas que denuncian en los casos de corrupción”, lo que refuerza las garantías de quienes alertan sobre posibles irregularidades en las administraciones.
Inteligencia artificial y transparencia en la gestión pública
El proyecto también ha incorporado el análisis del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA) aprobado en 2024, con el objetivo de evaluar su impacto en la gestión pública de datos y en los sistemas automatizados utilizados por las administraciones.
Este análisis ha permitido formular recomendaciones para garantizar que el uso de algoritmos y tecnologías de inteligencia artificial respete los principios de transparencia y explicabilidad, es decir, que las personas puedan comprender cómo funcionan los sistemas automatizados que influyen en decisiones públicas.
Según explica el equipo investigador, “el fortalecimiento de la seguridad jurídica en la gestión de datos personales en el ámbito público ha favorecido la eficiencia administrativa y la reducción de riesgos laborales para las administraciones y, a la vez, ha beneficiado la accesibilidad a la información pública y la protección de datos”.
Asimismo, los especialistas destacan que el estudio del nuevo marco europeo de inteligencia artificial ha permitido elaborar recomendaciones para garantizar un uso ético y responsable de estas tecnologías, evitando posibles desigualdades o discriminaciones derivadas del uso de algoritmos.
Transferencia de conocimiento a administraciones y organismos europeos
Durante el desarrollo del proyecto, el personal docente e investigador ha impulsado numerosas acciones de transferencia de conocimiento dirigidas a entidades públicas, entre ellas ayuntamientos y empresas internacionales vinculadas a la Comisión Europea.
Estas colaboraciones han permitido apoyar la elaboración de normativas y estrategias en materia de protección de datos, transparencia, prevención de la corrupción y lucha contra el fraude. Además, el proyecto ha fomentado el debate académico y profesional en congresos nacionales e internacionales.
Los investigadores también han abordado cuestiones específicas como la publicidad activa durante los procesos electorales, la transparencia en universidades públicas y privadas o el posible impacto discriminatorio de los algoritmos.
El proyecto ha abierto además líneas de colaboración con distintos grupos de investigación y universidades, así como con iniciativas europeas centradas en el estudio de los derechos digitales y sociales en el entorno laboral del siglo XXI.
Un proyecto coordinado desde la UJI
La investigación ha sido coordinada en una primera etapa por las catedráticas Rosario García Mahamut y Beatriz Tomás Mallén, del grupo Protección de Datos y Derechos Fundamentales (PRODADEF) de la UJI. En una segunda fase asumieron la coordinación Beatriz Tomás Mallén y Mónica Arenas Ramiro, de la Universidad de Alcalá.
En el equipo han participado también investigadores de varias universidades españolas, entre ellas las de València, Elche, Vigo, UNED, Pablo de Olavide de Sevilla, Oberta de Catalunya y Alcalá de Henares, además de otros miembros del grupo PRODADEF.
El proyecto se ha desarrollado dentro del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, orientado a impulsar sectores estratégicos como la digitalización, la salud y la transición ecológica.
Entre los resultados del trabajo se incluyen diversas publicaciones académicas y un libro colectivo sobre transparencia y lucha contra la corrupción en la era algorítmica, que se publicará próximamente en acceso abierto.
