El Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón ha notificado a las partes la reapertura del caso de las multas de la zona azul presuntamente sin pagar por el exconcejal de Movilidad, Cristian Ramírez. Además, ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que retome la investigación y practique nuevas diligencias.
La decisión responde al mandato de la Audiencia Provincial, que ordenó continuar con la instrucción para esclarecer si la prescripción masiva de sanciones pudo tener relevancia penal. El procedimiento se enmarca en las diligencias previas 445/2025.
El auto judicial señala que “procede la reapertura de las diligencias, vistas las actuaciones recibidas del Juzgado de Instrucción, de las que se desprende la presunta participación en los hechos denunciados de Cristian Ramírez”, lo que justifica reactivar la causa pese a la reciente dimisión del edil.
Investigación sobre posibles delitos
La Audiencia Provincial ya consideró “sorprendente” que decenas de multas pudieran prescribir sin notificarse a una persona perfectamente localizable. Por ello, instó a investigar si esa prescripción masiva pudo estar vinculada a un posible delito de tráfico de influencias u otra conducta con relevancia penal.
Ahora, el juzgado concreta esa reapertura y ordena diligencias para determinar qué ocurrió con las sanciones impuestas entre enero de 2023 y enero de 2024.
Requerimiento al Ayuntamiento de Castellón
Entre las actuaciones acordadas, el magistrado requiere al Ayuntamiento de Castellón un informe detallado sobre el número de denuncias en la zona ORA del vehículo de Ramírez entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de enero de 2024. También solicita aclarar su recorrido administrativo y si pasaron —o no— a la fase de recaudación ejecutiva.
Asimismo, pide que se determine cuántas sanciones fueron remitidas por el departamento correspondiente a la oficina de recaudación por no haber sido abonadas en el plazo reglamentario.
Según la documentación aportada en la causa, de las 167 sanciones que pudo recibir Ramírez en el periodo investigado, 88 corresponden a cuando ya era concejal de Movilidad. De ellas, al menos 70 no constan como pagadas y habrían prescrito.
La reapertura activa así una nueva fase procesal para aclarar la gestión administrativa de estas multas y depurar posibles responsabilidades.
