El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha advertido de que la posible implantación de una zona de transición entre la playa de Almassora y el polígono petroquímico del Serrallo obliga a aplicar controles exhaustivos. También requiere rigor técnico máximo y medidas compensatorias reales para los vecinos afectados.
Así lo recoge la resolución emitida en respuesta a la consulta facultativa planteada por el Ayuntamiento de Almassora sobre la aplicación del decreto ley 6/2025 del Consell. Este decreto es relativo a medidas urgentes en materia de intervención administrativa ambiental.
El dictamen concluye que la figura de la zona de transición no es contraria a la ley, al basarse en un “sistema de determinación caso a caso mediante informes o auditorías técnicas obligatorias”. No obstante, el CJC subraya que su reconocimiento debe ir acompañado de controles rigurosos y periódicos. También requiere de mecanismos de compensación para los residentes, al tratarse de una figura que permite niveles de inmisión acústica superiores a los propios del uso residencial.
En este contexto, la alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha valorado el dictamen como “un respaldo claro a la preocupación legítima que desde Almassora venimos manifestando”. Además, ha recalcado que, aunque no se declara ilegal la zona de transición, “advierte de manera muy contundente que su aplicación exige controles exhaustivos, rigor técnico máximo y medidas compensatorias reales para los residentes afectados”.
Auditorías, controles reforzados y medidas correctoras
Según el Consell Jurídic Consultiu, la ausencia de una delimitación normativa previa “no genera indefensión para los vecinos de la zona residencial”. Esto es porque la ley no persigue una delimitación abstracta, sino que condiciona su aplicación a requisitos muy concretos. La delimitación debe obtenerse mediante estudios acústicos y declaraciones responsables. Estas deben ser supervisadas por el órgano ambiental, e incluir controles reforzados, auditorías anuales y posibles medidas compensatorias, garantizando el derecho al descanso y a la salud.
El órgano consultivo formula advertencias expresas a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, como autoridad competente para el eventual reconocimiento de esta zona. Estas advertencias son especialmente aplicables tras la solicitud presentada por la Asociación INDES, que agrupa a las empresas del Serrallo.
En su deliberación, el CJC advierte de que la zona de transición “pone en riesgo estos derechos si la Administración no actúa con un control exhaustivo, continuo y técnicamente riguroso”. Además, señala que la Administración está obligada a extremar la exigencia de las mejores técnicas disponibles, reducir al máximo la zona afectada e imponer medidas compensatorias. De lo contrario, se produciría una “desprotección acústica estructural”, contraria tanto a la Ley 7/2002 como a los criterios constitucionales de protección del domicilio y la salud.
Posición del Ayuntamiento de Almassora
La alcaldesa ha insistido en que el Ayuntamiento “siempre va a estar del lado de los vecinos de la playa” y defenderá “con todos los instrumentos legales a su alcance su derecho al descanso, a la salud y a una calidad de vida digna”. En este sentido, ha remarcado que “no se puede aplicar esta figura de manera automática ni genérica”. Cada caso debe analizarse con informes técnicos independientes, auditorías periódicas y una vigilancia constante por parte de la Administración autonómica.
Tormo ha sido tajante al afirmar que Almassora “no va a aceptar ninguna decisión que suponga una merma de los derechos de nuestros vecinos de la playa en beneficio de intereses industriales”. Además, ha advertido de que el consistorio “estará muy vigilante ante cualquier reconocimiento de esta zona de transición”. “El dictamen del Consell Jurídic Consultiu deja claro que cualquier relajación en el control supondría una desprotección inaceptable, y desde este Ayuntamiento no lo vamos a permitir”, ha concluido.
