El Gobierno ha defendido su actuación ante la DANA del 29 de octubre de 2024, que se ha traducido en una inversión superior a 1.200 millones de euros para la reconstrucción de la Comunitat Valenciana. “No hemos rechazado ni una sola petición de ayudas”, sostienen desde el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), después de conocerse la dimisión del expresident Carlos Mazón.
Durante su declaración institucional, Mazón había acusado a la Aemet y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de cometer “tremendos fallos” en la gestión y prevención del episodio meteorológico. Sin embargo, fuentes del Miteco insisten en que ambos organismos actuaron “con rigor técnico”, proporcionando información clave para la prevención de riesgos tanto meteorológicos como hidrológicos.
Los autos dictados por la jueza que instruye el caso son, según esas mismas fuentes, “contundentes”. En ellos se establece que la Aemet y la CHJ actuaron conforme a los protocolos y mecanismos técnicos previstos, emitiendo avisos y comunicaciones eficaces dentro de sus competencias.
Además, un auto especifica que el único apagón informativo registrado durante la jornada fue “el negro del Cecopi”, en referencia al Centro de Coordinación Operativa Integrada autonómico, y no fallos en los sistemas estatales.
Desde el ministerio también apuntan que las imágenes recientemente difundidas de la consellera Salomé Pradas evidencian que desde primera hora de la mañana manifestó su preocupación por el estado del barranco del Poyo, por lo que las autoridades autonómicas estaban informadas del riesgo.
El Miteco subraya igualmente que la retirada de los bomberos encargados de vigilar los barrancos respondió a decisiones del propio Consell, no del Gobierno central.
Asimismo, la magistrada ha calificado como “ficción” o “autoficción” varias afirmaciones de Mazón sobre la falta de información por parte de Aemet y CHJ, el envío del ES-Alert vinculado exclusivamente a la presa de Forata o la supuesta ausencia de alerta hidrológica en el barranco del Poyo, negando valor probatorio a esas declaraciones.
El ministerio recuerda su compromiso con la reconstrucción de la Comunitat Valenciana, que se concreta en más de 1.200 millones de euros destinados a reforzar la resiliencia frente a futuras inundaciones y a mejorar la gestión del agua. De esa cifra, 437 millones ya cuentan con resolución aprobada, dirigidos a reparar redes de saneamiento, abastecimiento y depuración.
“No hemos rechazado ni una sola solicitud de ayuda”, reiteran las fuentes, que explican que la valoración de los daños fue realizada por los propios titulares de la gestión (operadores públicos, privados, mixtos y ayuntamientos). Las estimaciones iniciales, añaden, “coincidieron prácticamente con la valoración final”, y las subvenciones concedidas cubren el 100 % del coste de las actuaciones, por un total de 437 millones de euros.
A esas ayudas se suman 550 millones adicionales para obras hídricas incluidas en el Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia. Los proyectos más avanzados se licitarán antes de final de año, entre ellos los relativos al barranco del Poyo y al río Magro.
El Gobierno ha puesto también en marcha el primer proyecto de la estrategia de resiliencia hídrica, el de La Saleta, cuyas Declaraciones de Impacto Ambiental habían decaído por inejecución durante el mandato de Mariano Rajoy.
Además, el Ejecutivo recuerda las inversiones en obras de emergencia en la cuenca del Júcar, el plan de la Albufera y las ayudas directas destinadas a los 62 municipios con mayor riesgo de inundación. El Real Decreto que regula estas subvenciones ha superado ya su periodo de audiencia, y los trámites se agilitarán para que los fondos lleguen a los ayuntamientos en un plazo máximo de un mes.
