La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves un paquete de medidas de refuerzo para un total de 23 juzgados de Violencia sobre la Mujer, entre ellos el de Castellón de la Plana, con el objetivo de que puedan asumir desde este viernes los nuevos delitos de violencia sexual que les asigna la legislación.
Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, la decisión se adopta a propuesta de los Tribunales Superiores de Justicia de siete comunidades autónomas y con el visto bueno del Servicio de Inspección. En la Comunitat Valenciana se reforzarán cinco órganos: los juzgados de violencia 1, 2 y 3 de Alicante, el número 1 de Benidorm y el de Castellón de la Plana.
El acuerdo contempla que los apoyos se mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2025, con la financiación previamente autorizada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
La entrada en vigor de la norma supone que estos juzgados no sólo seguirán investigando los casos de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, sino también otros delitos de carácter sexual contra la mujer, como la trata con fines de explotación sexual, matrimonios forzosos o mutilación genital femenina.
No obstante, la medida ha generado preocupación en la judicatura. Más de un centenar de jueces y juezas especializados han advertido esta semana del riesgo de colapso, recordando que ya en marzo alertaron de la sobrecarga que supondría asumir estas causas en órganos “saturados desde hace años”.
Para mitigar el impacto, el Gobierno aprobó en junio la creación de 50 plazas adicionales de magistrados especializados, lo que representa un incremento del 42 % respecto a las existentes. Estas incorporaciones se desplegarán de manera progresiva hasta diciembre, mientras que el Ministerio se ha comprometido a mantener refuerzos temporales en los juzgados que lo precisen.
