El Ayuntamiento de Almassora ha solicitado al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana que defina «los niveles de ruido permitidos junto al polígono petroquímico del Serrallo«. El objetivo es acotar qué está y no está permitido que soporten los vecinos de la playa de la zona más próxima al polígono.
Se trata de una consulta facultativa sobre el decreto ley 6/2025 del Consell, que regula medidas urgentes en materia de intervención administrativa ambiental.
La petición se centra en la falta de definición de la llamada “zona de transición”, clave en la aplicación de los niveles de ruido permitidos junto al polígono petroquímico del Serrallo.
Según el consistorio, esta indefinición deja en situación de vulnerabilidad a los residentes de la playa de Almassora. Esto podría eximir a las industrias de cumplir los límites más restrictivos de contaminación acústica exigidos en áreas residenciales. Afecta directamente al derecho al descanso y a la salud de la población.
Los vecinos, antes que las industrias
La iniciativa llega pocos días después de que el Ayuntamiento remitiera al Defensor del Pueblo una petición para que recurra la norma ante el Tribunal Constitucional. Lo hacen por los mismos motivos.
El consistorio recuerda que la zona residencial próxima al Serrallo se implantó legalmente antes de la construcción de las industrias. Por lo tanto, consideran injusto que ahora se flexibilicen los niveles de ruido permitidos.
El escrito municipal plantea varias dudas concretas:
- Qué se entiende por “zona de transición” y dónde se sitúa, dado que la norma no la delimita.
- Si la exención prevista se aplica solo en esa franja o si, por el contrario, rigen los niveles propios del uso industrial.
- Cómo se verificará que las empresas cumplen las condiciones exigidas para beneficiarse de la excepción.
Antecedentes de las quejas vecinales
El Ayuntamiento recuerda que la problemática no es nueva. Desde hace años, vecinos de la playa de Almassora han presentado denuncias por ruido y olores procedentes del Serrallo.
Para ello, el consistorio ha trasladado quejas a la administración autonómica. También ha encargado mediciones acústicas a la Policía Local y a ingenierías externas. Además, ha presentado alegaciones en los procesos de revisión ambiental de las industrias, reclamando siempre medidas correctoras más estrictas.
