Mientras los ayuntamientos de todo el estado no paran de hacer cálculos para saber en qué medida afectará a sus arcas el dejar de ingresar las plusvalías, por otro lado, contribuyentes y consumidores esperan que salga la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional donde se confirma la nulidad de este impuesto para estudiar con detalle de qué manera su puede aplicar.
De hecho, entidades como la organización de consumidores y usuarios, (OCU) ya han lamentado el hecho de que pese a tratarse de una decisión del más alto nivel, «la sentencia del Constitucional veta expresamente la posibilidad de reclamar a quienes no hayan recurrido la liquidación y también a quienes pagaron mediante autoliquidación y no han pedido rectificar«.
Sin embargo, según explican a este medio fuentes de la organización en la Comunitat Valenciana, «aunque en estos momentos no vamos a animar a nadie a que reclame cuando aún no ha salido la sentencia, en cuanto salga por supuesto sí que vamos a estudiarla detenidamente y ver colectivamente qué soluciones se pueden plantear para que quienes ya han pagado también puedan tener una vía de reclamación».
La OCU, señala también que, bajo su criterio, «quienes pagaron mediante autoliquidación presentada en los últimos cuatro años sí deberían poder solicitar la devolución del dinero». Por tanto exigen soluciones «para los contribuyentes afectados».
El 3,8% de media en los ayuntamientos valencianos
Cabe recordar que, en la Comunitat Valencina, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), es decir, plusvalía municipal, supuso un importe de 167.980.164 euros, con datos presupuestarios de 2021.
Así lo refleja un ranking hecho público por el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que se opone su supresión. Además, en cuanto a la comparativa estatal, la valenciana es la cuarta autonomía que mayores ingresos recauda por esta vía. De media, el porcentaje de este impuesto sobre los ingresos tributarios (capítulos 1, 2 y 3) supone el 3,8 %.
