La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en una operación conjunta que ha alcanzado a las provincias de Castellón, Valencia, Tarragona y Lleida. Las bandas tenían capacidad para distribuir hasta 100 kilos de cocaína al mes y contaban con conexiones dentro de un centro penitenciario catalán.
Entre los 19 implicados hay dos internos —uno de ellos líder de la red con antecedentes por asesinato y narcotráfico— y un funcionario de prisiones que facilitaba la entrada de droga, móviles y otros objetos prohibidos en la cárcel.
Red criminal con vínculos en Castellón y Salou
Las investigaciones permitieron identificar reuniones entre narcotraficantes en condiciones de alta seguridad, con vehículos de vigilancia y lugares escogidos a última hora. Una de las redes, liderada por un residente en Salou, operaba en toda Cataluña y extendía su actividad hasta La Rioja, Aragón y la Comunidad Valenciana, incluyendo Castellón.
Esta estructura movía mensualmente cocaína valorada en más de 25 millones de euros anuales. Utilizaban vehículos con compartimentos ocultos (“caletas”) activados por bluetooth para transportar la droga, además de contar con apoyo de mecánicos, informáticos y empresas de alquiler para encubrir sus operaciones.
Registros y detenciones en Castellón y Valencia
Durante el desarrollo de la operación se realizaron registros en localidades como Burriana (Castellón) y Montserrat (Valencia). Allí se intervinieron armas, más de 13.000 euros en metálico, marihuana, cocaína y documentación vinculada a la actividad criminal. También se desmanteló un taller ilegal donde se manipulaban coches para ocultar droga.
En total, han sido detenidas 19 personas y siete de ellas han ingresado en prisión. Se han incautado más de 15 kilos de cocaína de alta pureza, casi 600.000 euros en efectivo, armas de fuego, teléfonos encriptados y otros materiales utilizados en la red.
Tráfico de drogas desde dentro de prisión
La primera fase de la operación se centró en el centro penitenciario de Tarragona, donde se descubrió que un funcionario introducía droga y móviles con ayuda de internos. Uno de ellos, líder de la banda, coordinaba la actividad desde dentro, utilizando contactos con grupos externos.
Los beneficios obtenidos se blanqueaban mediante la compra de inmuebles en el extranjero, como Dubái, y la utilización de comercios para justificar ingresos.
