Mujeres que vienen de Colombia y Venezuela, «en situación administrativa ilegal«, en ocasiones como familias monomarentales, es el grueso de las atenciones a migrantes que realizó Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón en 2024. En total, la atención a personas migrantes supuso el 69% de las intervenciones. Una subida de seis puntos respecto el año anterior. Son datos de la Memoria anual de Cáritas diocesana de Segorbe-Castellón que se ha presentado este miércoles en Castellón.
Datos y cifras estructuradas que dibujan un panorama que se recrudece más en algunos aspecto como el del acceso a la vivienda. Un problema cronificado que es la puerta para una exclusión que sufren muchas familias «con trabajo», pero cuya economía las veta para acceder a una vivienda digna.
En el contexto de la memoria se recuerda también que esta problemática es común a todo el país. «Una de cuatro personas en España está en situación de exclusión en términos de acceso a la vivienda», ha recordado el Presidente de la entidad en Castellón , Francisco Mir.
Una situación que refleja ese 12% de la población de España, «que aún trabajando se encuentra en situación de pobreza», se ha recordado
Intervenciones
En total 28.151 personas beneficiarias a cuyas necesidades se dio respuesta en más de 210.000 intervenciones.
Con 52% de hombres frente a un 49% de mujeres, se destaca también el hecho de los menores en situación de vulnerabilidad. Además de la necesidad, en el caso de las personas provenientes de otros países de superar las dificultades con las que se encuentran para regularizar administrativamente su situación. Condición para acceder a los servicios públicos.
Veto a la vivienda: un derecho inaccesible
La Memoria 2024, que ha presentado el presidente de la entidad y obispo de la Diócesis, Casimiro López Llorente, el delegado episcopal, Sergio Mendoza, y el director, Francisco Mir incide en que la vivienda ha supuesto un gran problema.
Destacan que la gran mayoría de las personas atendidas vivía en régimen de alquiler, en viviendas compartidas, en infraviviendas o en la calle. En este apartado apuntan que la vivienda representa un derecho no garantizado que influye de manera estructural en el bienestar de las familias. Los problemas relacionados con la vivienda afectan, de una forma u otra, a 1 de cada 4 hogares en España.
Una proporción que se dispara a 9 de cada 10, si se analiza el caso concreto de las personas en situación de exclusión social severa.
Empleo
En otra de las conclusiones de la Memoria 2024 de Cáritas Diocesana se subraya que el empleo vertebra la vida de las personas, aunque no siempre es garantía de inclusión social.
Así se constata que empleos inestables y precarios no son suficientes para la integración social de las personas que disponen de ellos.
1.840 personas participaron en diferentes acciones formativas para promover la inserción laboral y 327 de ellas consiguieron un puesto de trabajo.
Procesos más largos
Por otra parte, los procesos de acompañamiento se han vuelto más prolongados en el tiempo, exigiendo por parte de los diferentes equipos de Cáritas Diocesana más recursos, dedicación y formación.
Ello refleja una pobreza estructural que impide a las personas que caen en situaciones de exclusión recuperar su posición anterior.
En la Comunitat Valenciana, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se situaba en 2024 en casi un 30%.
Donantes y voluntarios
En 2024, 15.206 personas acudieron a las Cáritas Parroquiales o a Cáritas Diocesana en busca de ayuda y acompañamiento.
De estas personas, el 69 % eran extranjeras, siendo el 52% hombres y el 48% mujeres.
Cáritas Diocesana destinó en 2024 más de 7 millones de euros a sus más de 20 proyectos destinados a la acogida y acompañamiento de las personas más vulnerables.
El año pasado el voluntariado de Cáritas en la Diócesis estaba formado por 799 personas y la entidad contó con las aportaciones económicas de 2.024 donantes.
