Jueces y fiscales han convocado tres días de huelga del 1 al 3 de julio como respuesta a las reformas impulsadas por el Gobierno central. Las asociaciones judiciales y fiscales alertan de que los cambios legislativos afectan de forma directa a la independencia del poder judicial.
Rechazo a la ley de amnistía y otras reformas
Según explican las asociaciones convocantes, esta movilización responde al “deterioro progresivo” de las condiciones en las que ejercen su labor y a una “falta de respeto institucional” por parte del Ejecutivo. Además, critican el contenido de la ley de amnistía, recientemente aprobada, y los intentos del Gobierno por reformar el sistema judicial sin el consenso de la carrera judicial.
El pasado 7 de mayo ya presentaron un manifiesto conjunto en el que advertían sobre la gravedad de la situación. Ahora, aseguran que la huelga busca defender la separación de poderes y evitar lo que califican de “interferencias” del Ejecutivo en el ámbito judicial.
Apoyo mayoritario entre asociaciones
La convocatoria ha sido impulsada por seis asociaciones: cuatro judiciales y dos de fiscales, que representan la mayor parte de la carrera judicial y fiscal. Entre ellas se encuentran la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Aunque estas organizaciones suelen tener posiciones diversas, en esta ocasión coinciden en que las medidas del Gobierno cruzan una línea roja. Subrayan que no se trata de una protesta política, sino de una defensa de los principios básicos del Estado de derecho.
Castellón también se suma a la movilización
Desde el ámbito judicial en Castellón se prevé un seguimiento amplio de la huelga. Fuentes consultadas señalan que la preocupación por la independencia judicial también se percibe con intensidad en los juzgados de la provincia, donde existe malestar por la situación actual y por la falta de medios para garantizar una justicia eficaz.
