El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, presidido por Pablo Bustinduy, ha requerido a la filial irlandesa de Airbnb que elimine 65.935 anuncios de viviendas turísticas completas al considerar que contravienen la normativa autonómica de publicidad.
En tres resoluciones notificadas en los últimos meses, la Dirección General de Consumo destacó que estos anuncios carecen del número de licencia o registro exigido, no aclaran si el arrendador opera como profesional o particular y, en algunos casos, emplean licencias falsas o ajenas a las autoridades competentes, prácticas que pueden inducir a error.
Airbnb recurrió la primera resolución, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado la actuación del Ministerio, disponiendo el bloqueo inmediato de 5.800 anuncios.
El auto del TSJM afecta a anuncios localizados en Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Euskadi. El ministro Bustinduy ha reafirmado su compromiso de colaborar con las comunidades autónomas para erradicar el intrusismo en el alquiler vacacional, favorecer el acceso a la vivienda y defender los derechos de los consumidores.
La Unidad de Análisis de Consumo recopila información y presta asistencia técnica a otras administraciones para impulsar medidas similares. Además, en diciembre de 2024 se incoó expediente contra otra plataforma por omisión del número de licencia, en febrero de 2025 se inició procedimiento contra grandes gestoras por no indicar la condición jurídica del arrendador, y el 27 de marzo pasado se abrió expediente a una destacada inmobiliaria por prácticas abusivas. Estas actuaciones continúan de manera independiente a la resolución de bloqueo.
