Tras la confirmación de la decisión de Fiscalía de archivar el caso de las multas de la zona O.R.A. del concejal de movilidad de Castellón, pese a constatar en su escrito, tras la investigación que fueron 170, las sanciones impuestas, las valoraciones se han hecho evidentes en último pleno ordinario del año.
El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, ha criticado a la alcaldesa de Castelló por su gestión en el caso de las multas impagadas del concejal de Movilidad, Cristian Ramírez.
Garcia ha destacado que, a pesar de los esfuerzos del Partido Popular por ocultar el caso a la oposición y la negativa de la alcaldesa a abrir una investigación, “al final se ha sabido la verdad”.
“Estamos hablando de 105 multas que no ha pagado el concejal de Movilidad del Partido Popular, una deuda de 8.400 euros con el Ayuntamiento de Castelló. En lugar de exigir al señor Ramírez que pague, el Partido Popular se ha dedicado a protegerlo para defender su bolsillo particular”, ha denunciado Garcia.
Compromís ha criticado la falta de transparencia en la gestión de este caso por parte del gobierno municipal. Según Garcia, “la alcaldesa y su equipo han intentado por todos los medios ocultar esta situación a la oposición y a la ciudadanía, negándose a investigar qué ha pasado con estas multas”.
Desde Compromís han exigido que el concejal Ramírez pague de manera inmediata la deuda pendiente con el Ayuntamiento y que se depuren responsabilidades políticas. Ya que pese a que 105 de estas sanciones «prescribieron» según el informe a que se refiere Fiscalía «dado que el vehículo que conducía el concejal estaba a nombre de un banco», como explicaban los socialistas minutos antes del pleno, «y no se pudo notifica», el edil de Compromís ha hecho las cuentas al multiplicar el importe de las sanciones por la cifra de las que no pagó, para reclamar públicamente el pago de la deuda del concejal de movilidad.
“Este caso no solo evidencia la irresponsabilidad del concejal, sino también la complicidad del Partido Popular en protegerlo. Si la alcaldesa no actúa, estará demostrando que su gobierno está al servicio de los intereses particulares de sus concejales, en lugar de defender los derechos de la ciudadanía”, ha añadido Garcia.
