Desde que una orden de la Conselleria de Cultura, a finales de abril, paralizara el inicio de las obras previstas de remodelación de la emblemática pérgola de Castelló, el edificio está cerrado y además “sin posibilidad de uso”.
Según ha explicado este viernes el portavoz del equipo de gobierno, José Luís López “ahora, no puede haber actividad porque cuando se iban a iniciar las obras, se retiraron toda una serie de elementos como los extintores o salidas de emergencia y eso impide que ahora se pueda utilizar ya que no cumpliría la normativa”.
Es decir, que el ya decadente espacio que tuvo como uno de sus últimos usos el de ser “vacunódromo” durante el COVID, no solo ha perdido un proyecto de cerca de dos millones de euros, cofinanciados por fondos europeos sino que queda ahora en una suerte de limbo en cuanto a su futuro.
Por otro lado, con el ánimo de no perder los fondos que se hubieran destinado a esta remodelación, el ayuntamiento de Castelló empezó a barajar proyectos que pudieran adaptarse a las directrices que pide Europa para poder acceder a estos recursos económicos.
Y aunque el portavoz del equipo de gobierno no ha concretado nada, la remodelación que también reclaman las importantes deficiencias del Mercado de Abastos podría ser candidata a presentarse a estos fondos.
López si que ha reiterado que el arreglo del tejado y otras necesidades imperiosas que llevan tiempo demandando los vendedores, sí que se van a realizar “financiado con esos fondos o con otros, porque eso fue un compromiso personal de la alcaldesa que aseguró a los vendedores que se haría antes de que acabara la legislatura”. “De hecho en estos momentos estamos ya trabajando con una empresa”, ha añadido.
Indemnización pendiente y decisión en los tribunales
En cuanto a las consecuencias económicas adicionales a lo que supone el deterioro de tener un edificio de las características de la Pérgola inutilizado, quedan pendiente dos cuestiones que van estrictamente unidas. Por un lado, la demanda del ayuntamiento a Conselleria para que asuma los gastos que ha generado el proyecto de remodelación que fue paralizado por esta administración autonómica y por otro la indemnización que la empresa adjudicataria que no puedo llevar a cabo el proyecto, tiene por Ley derecho a reclamar.
Una responsabilidad que López, tras conocer, hace ya cinco meses, la orden que impedía el arranque de las obras ya aseguro que “debería asumir quien después de dos informes favorables en 2021 emite ahora, justo antes del inicio de las obras, un tercero en contra”.
En cuanto a las cuantía, la Ley estipula unos derechos para la empresa que aproximadamente podrían suponer entre un 3 y un 5%, es decir en este caso de una adjudicación de más de 1,9 millones de euros, podrían superar fácilmente, los 95.000 euros que, el portavoz insistió ya en aquel entonces, “se reclamarían judicialmente que los asumiera la Conselleria”.
