La Guardia Civil está comprometida con la disminución de la siniestralidad en las carreteras españolas. Para ello desempeña las funciones que la legislación le
encomienda de vigilancia y control del tráfico y del transporte en las
vías públicas interurbanas.
Efectivos del Subsector de Tráfico de Castellón desde el pasado mes de agosto, controlan a los usuarios que tienen suspendida la autorización para conducir, ya sea por Resolución Judicial o por la pérdida total de puntos, y lo siguen haciendo.
Fruto de ello, entre los pasados días 6 al 13 de septiembre se ha logrado identificar a cuatro conductores que circulaban por diversas vías de comunicación de la provincia, los cuales no tenían en vigor el correspondiente permiso de conducción.
Algunos de ellos lo hacían en el traslado al centro donde se imparte el preceptivo curso de reeducación y sensibilización vial, y otros a su lugar de trabajo.
Dos de ellos fueron investigados por un delito de conducción de un vehículo con pérdida de vigencia de la autorización por la pérdida total de sus puntos asignados.
Otra más, lo fue por un delito de conducción de un vehículo habiendo sido privado cautelarmente de la autorización para conducir por decisión judicial.
Y al último, por carecer de validez por no haber realizado el curso de reeducación y seguridad vial, se le confeccionó una denuncia administrativa.
Los investigados, así como las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera e Instrucción de Guardia correspondiente.
Las actuaciones se llevaron a cabo por agentes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial, pertenecientes al Grupo de Investigación y Análisis del Subsector de Tráfico de Castellón (UNISGIAT).
Para este tipo de conductas constitutivas de delito, nuestro Código Penal contempla penas que pueden conllevar la prisión de tres a seis meses, la multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.