El día en que por fin se han podido reunir los alcaldes de la provincia de Castellón en la cumbre que la dana obligó a posponer, la presidenta de la Diputación, además de repasar todas las actuaciones más destacadas que se han llevado a cabo durante su mandato, con especial incidencia en las de materia hídrica, ha anunciado un nuevo plan dirigido a las localidades más pequeñas.
Se trata del programa ‘Pobles amb futur’, que empezará a funcionar en 2025 y que estará dotado con 5,7 millones de euros para «dar más seguridad, más movilidad, más infraestructuras, más conciliación y más economía a los pueblos más pequeños de la provincia», según ha avanzado.
Ha sido el principal anuncio de un encuentro en un tono, aparentemente cordial, en que representantes de 26 localidades de la provincia también le han trasladado a la presidenta de la institución provincial sus necesidades.
Peticiones, y cometarios en materia de agua, infraestructuras, litoral o nueva tasa de basura entre otros y que han sido los más recurrentes en las intervenciones. Sin embargo, hay que reseñar también que este formato, no ha gustado a todos. Ya que desde las filas del PSPV, mostraban en un comunicado, el malestar porque las aportaciones y los temas que preocupaban a los alcaldes se limitaran a estas intervenciones cuando se trataba de algo tan vital como los presupuestos.
Por su parte, la presidenta de la Diputación ha incidido en que el Gobierno provincial quiere «seguir construyendo un futuro mejor para los vecinos de la provincia y trabajar para todos sin distinción».
Barrachina, que ha indicado que la gestión del último año y medio se puede resumir como «escuchar, resolver y cumplir», ha señalado que es consciente de los grandes problemas que afectan a la provincia y de los que habrá que solucionar en el futuro. «Nuestra acción institucional se basa en la lucha contra la desigualdad, en el agua y en la mejora de un marco normativo que ayude a las entidades locales más pequeñas», ha añadido.
Al respecto, ha subrayado que para 2025 la Diputación consignará «una de las mayores inversiones en materia hídrica», más de 28 millones de euros, en depuración, obras para el abastecimiento de agua, PERTE y línea AGA aumentada. Sólo a la depuración se destinará más de 10 millones de euros, según ha apuntado.
También se ha referido a las reivindicaciones que ha realizado en la Comisión de Diputaciones de la FEMP «con el fin de conseguir una financiación más justa y equitativa». Así, se ha elaborado un documento en el que se solicita que se incluyan criterios demográficos en la asignación de recursos y compensaciones económicas para territorios que generen energía limpia.
«Además, se pide la participación activa en la gestión de fondos europeos para que los proyectos se ajusten mejor a necesidades de los municipios, y la modificación de la ley de contratos del sector público para reducir la burocracia para que en los municipios de menos de 10.000 habitantes los trámites sean distintos a otros municipios más grandes», ha manifestado.
Las carreteras e infraestructuras pendientes o el acceso a ayudas económicas, copan las peticiones de los municipios
Respecto a las peticiones de los alcaldes, éstas han ido desde la mejora de la CV-192 por parte del alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir; a las del alcalde de El Toro, José Arenes, respecto a la necesidad de que la Diputación ayude al municipio para conseguir que la truficultura sea considerada agricultura; o a las de la alcaldesa de La Vall d’Uixó, Tania Baños, que ha demandado más subvenciones teniendo en cuenta el número de turistas que recibe cada año la localidad.
El primer edil de Rosell, Evaristo Martí, ha mostrado su «decepción» sobre el hecho de que la CV-100 esté sin acabar, a lo que Barrachina ha respondido que la Diputación seguirá invirtiendo en 2025 en esta población; mientras que la alcaldesa de Oropesa, Araceli de Moya, ha reivindicado la ejecución de proyectos de aporte de arena para las playas. En este último punto Marta Barrachina ha señalado que se explorará el tema, aunque ha apuntado las dificultades teniendo en cuenta que la Diputación no es competente en esta materia.
El problema del agua, petición recurrente
En materia de agua, el alcalde de Costur, Gerardo Nebot, ha apuntado la necesidad de encontrar una solución al problema de la sequía, situación que ha calificado de «agonizante», y ha agradecido el dinero destinado por la Diputación para ejecutar un proyecto para garantizar el abastecimiento. También en materia hídrica, el alcalde de Xodos, Miguel Ferrer, ha destacado el elevado presupuesto municipal que han tenido que dedicar a las cubas, y ha dicho que «el agua condiciona y ahoga al pueblo», por lo que ha pedido la situación de emergencia climática.
El primer edil de Morella, Bernabé Sangüesa, ha agradecido la financiación de la Diputación para que el municipio tuviera agua en verano, y ha solicitado la ayuda de los técnicos de la institución para «encontrar una solución definitiva a la sequía«.
Por su parte, la alcaldesa de Les Coves, Irma Povedano, ha solicitado un convenio que permita restaurar los daños de la dana y arreglar la CV-131. Al respecto, Barrachina se ha comprometido a conformar una ayuda específica.
Respecto a la nueva de tasa de basura, el alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas, ha pedido algún plan transversal para ayudar a los municipios, a lo que Barrachina ha indicado que «la Diputación está para otras cosas y no para pagar las tasas a los vecinos, que además nos han impuesto».
Entre las reivindicaciones de los alcaldes también se encuentra la del primer edil de Borriol, Héctor Ramos, que ha pedido apoyo de la Diputación para que se ejecuten las infraestructuras educativas pendientes en su municipio y en Betxí; o la del alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós, que ha demandado la implicación de la institución provincial para que el Gobienro de España y la UE se impliquen en la reconstrucción de Valencia.
